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Se acabó la fragilidad digital
El sector financiero y asegurador opera hoy en un entorno donde las interrupciones tecnológicas ya no son una posibilidad remota, sino un riesgo permanente. Incidentes de ciberseguridad, caídas de proveedores o fallos en servicios externos pueden paralizar operaciones críticas en cuestión de minutos. Para responder a esta realidad, la Unión Europea ha aprobado el Digital Operational Resilience Act (DORA), en vigor desde el 17 de enero de 2025.
DORA introduce un cambio profundo de enfoque. Ya no se trata solo de prevenir ataques o fallos, sino de demostrar resiliencia operativa: la capacidad de resistir, responder y recuperarse de incidentes tecnológicos sin interrumpir servicios esenciales. Esta exigencia afecta directamente a bancos, aseguradoras y empresas de inversión, pero también, de forma muy relevante, a sus proveedores tecnológicos.
El talón de Aquiles: la gestión del riesgo de terceros
Uno de los pilares de DORA es la gestión del riesgo TIC de terceros (Third Party Risk Management). La normativa parte de un principio claro: una entidad financiera es responsable de los fallos operativos de sus proveedores críticos. Si un servicio externo clave cae, la responsabilidad regulatoria no desaparece, se traslada.
Esto obliga a las entidades a:
- Evaluar rigurosamente a sus proveedores tecnológicos.
- Asegurar que cumplen estándares elevados de seguridad, disponibilidad y continuidad de negocio.
- Contar con evidencias objetivas que acrediten estas garantías ante auditores y supervisores.
En este contexto, trabajar con servicios de confianza diseñados con la seguridad y la disponibilidad por defecto reduce de forma directa el riesgo operacional. Una infraestructura robusta, con procesos auditables y evidencias externas, simplifica el cumplimiento de DORA y facilita las evaluaciones periódicas de proveedores.
Trazabilidad forense y auditorías: el valor del audit trail
DORA refuerza de manera explícita las obligaciones de registro, trazabilidad e investigación de incidentes. Cuando ocurre un fallo relevante, el regulador no solo quiere saber que se ha resuelto, sino qué ocurrió exactamente, cuándo y con qué impacto.
Aquí, la diferencia entre un simple registro interno y una evidencia certificada es crítica. Los recibos de evidencias (audit trail) permiten reconstruir un proceso completo de forma objetiva: envío de comunicaciones, aceptación de documentos, momentos exactos de firma o entrega y datos técnicos asociados.
Este nivel de trazabilidad facilita:
- Análisis forenses posteriores a incidentes.
- Respuestas rápidas y documentadas ante requerimientos regulatorios.
- Auditorías más ágiles, al disponer de pruebas inmutables generadas por un tercero de confianza.
Frente a sistemas que solo almacenan el documento final, la certificación del proceso completo aporta una capa adicional de seguridad jurídica y operativa alineada con el espíritu de DORA.
Continuidad de negocio: canales alternativos seguros
La resiliencia no se limita a proteger sistemas, también implica disponer de canales alternativos cuando los principales fallan. Si una plataforma interna, un portal de clientes o una aplicación móvil quedan fuera de servicio, la entidad debe seguir siendo capaz de comunicarse con clientes y contrapartes de forma legal y verificable.
En este escenario, disponer de un canal externo y certificado resulta clave. El uso de comunicaciones electrónicas certificadas permite:
- Notificar cambios contractuales, incidencias o avisos regulatorios.
- Mantener la validez legal de las comunicaciones incluso en situaciones de crisis.
- Reducir la dependencia de sistemas internos complejos en momentos críticos.
Este enfoque encaja plenamente con los planes de continuidad de negocio y recuperación ante desastres que exige DORA.
Integridad y conservación de los datos en el tiempo
Otro aspecto central de la normativa es la protección e integridad de los datos. No basta con generar documentos o evidencias; es necesario garantizar que se conservan de forma segura, íntegra y accesible durante los plazos exigidos.
La custodia prolongada de evidencias digitales cumple una doble función. Por un lado, asegura el cumplimiento de los requisitos de retención de información. Por otro, protege a la entidad frente a cambios tecnológicos internos, migraciones de sistemas o sustitución de proveedores. Las pruebas clave siguen estando disponibles, verificables y protegidas, independientemente de la evolución de la infraestructura interna.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿A quién aplica exactamente la Ley DORA?
DORA aplica a bancos, aseguradoras, empresas de inversión y otras entidades financieras, así como a los proveedores TIC que prestan servicios críticos a estas organizaciones.
¿Por qué los proveedores tecnológicos son clave en DORA?
Porque la normativa considera que los fallos de terceros afectan directamente a la resiliencia de la entidad financiera. Los proveedores deben cumplir estándares elevados y ser auditables.
¿Qué aporta una evidencia externa frente a logs internos?
Las evidencias generadas por un tercero de confianza ofrecen mayor objetividad y fuerza probatoria en auditorías y requerimientos regulatorios que los registros internos de la propia entidad.
¿DORA sustituye a otras normativas como eIDAS o RGPD?
No. DORA complementa el marco existente, centrándose en la resiliencia operativa digital. Convive con eIDAS, RGPD y otras regulaciones sectoriales.
Conclusión
La Ley DORA no es un trámite más, sino un filtro que eleva el nivel de exigencia tecnológica en el sector financiero. Obliga a las entidades a revisar no solo sus sistemas internos, sino también la solidez y transparencia de sus proveedores.
Asegurar que los procesos de firma y notificación cuentan con evidencias externas, trazabilidad completa y canales alternativos fiables reduce el riesgo operativo y facilita el cumplimiento regulatorio. En un entorno donde la resiliencia es obligatoria, la evidencia digital deja de ser un detalle técnico para convertirse en un activo estratégico.
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